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En México, la policía es una de las instituciones en la que más desconfían los jóvenes. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), el 87 por ciento de los encuestados dijo que no confiaba en ellos.
Y no es para menos, en la desaparición de personas en diferentes estados del país los uniformados han estado involucrados. Casos como el de Ayotzinapa, en Guerrero, Tierra Blanca y Papantla, en Veracruz, son algunos de los casos más conocidos.
Además, desde el 2009, a través de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los policías del país están obligados al servicio profesional de carrera policial con el objetivo de avanzar en la profesionalización de los cuerpos policiacos; la certificación integral y el régimen disciplinario. No obstante, a siete años de esta disposición, no hay ninguna Policía Estatal en el país que cumpla al 100 por ciento con los procesos relacionados con el desarrollo policial obligados por ley desde el 2009.
Aunado a esto, se encuentra el problema de los salarios. Los agentes de diversas corporaciones del país son mal pagados, haciéndolos vulnerables a que sean corrompidos por el crimen organizado.
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