A partir de 1997, cuando los gobiernos neoliberales abrieron sigilosamente la puerta a la anticonstitucional inversión privada a través del denominado Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), y otra clase de contratos igualmente espurios, la inversión total de Petróleos Mexicanos (Pemex), que incluye también a la de la exparaestatal, ascenderá a 3.3 billones de pesos reales acumulados, monto que considera los 308.3 mil millones aprobados para 2014. Esa cantidad equivale a 185 mil millones de pesos reales de 2010 en promedio anual.
Ese monto acumulado en 1997-2014, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía y de Pemex, supera en 117 por ciento al registrado entre 1977 –cuando se iniciaron las inversiones importantes en la aventura de la petrodependencia– y 1996, el cual fue de 1.5 millones de pesos, o 76 mil millones en promedio anual.
Medido en dólares corrientes, la inversión petrolera en el primer lapso citado es de 251 millones acumulados, o 13 mil millones por año. En el segundo, de 53 mil millones de dólares, o 2.6 mil millones anuales.
La apertura a la inversión privada ha sido justificada por los gobiernos priístas-panistas como la única forma para “modernizar” al sector petrolero y revertir la caída de las reservas de hidrocarburos, de la extracción del crudo y el gas, de la producción de petrolíferos y de petroquímicos y de las exportaciones. Lo anterior debido a las supuestas limitaciones financieras de Pemex para cumplir con sus responsabilidades constitucionales.
Sin embargo, con menores inversiones, y cuando todavía era la única empresa pública encargada de los hidrocarburos, Pemex logró mejores resultados. Elevó las reservas totales de 46 mil millones de barriles equivalentes de crudo (mmbec) a 72.5 mmbec; y las de petróleo de 10 mmbec a 50 mmbec entre 1979 a 1983, alcanzando estadísticamente ambos indicadores su máximo histórico –aunque se ha señalado que el gobierno de José López portillo infló dichas estadísticas por cuestiones mercadotécnicas–, así como la producción y las ventas externas de crudo.
Las posteriores dificultades de la empresa coinciden con la crisis productiva y de la deuda externa; la aplicación de las políticas fondomonetaristas de estabilización y de ajuste estructural; el agravamiento de la expoliación fiscal del Estado a Pemex; la sobreexplotación de los recursos y los altibajos del mercado petrolero internacional, entre otros factores.
En la lógica oficial, la declinación de las reservas o de la producción de hidrocarburos y sus derivados debió revertirse con la participación privada, sobre todo la foránea, que tendió a sustituir a Pemex. Pero ha sucedido exactamente lo contrario. En especial en las zonas petroleras regenteadas por las empresas trasnacionales, como Chicontepec, Burgos, Veracruz, los campos maduros, o con las plantas reconfiguradas como Ciudad Madero o Cadereyta. El caso más notable es la tendencia declinante de la producción de gas natural y el consecuente aumento de sus importaciones a mayores precios, gracias a las ganancias especulativas (diferencial entre los precios comprados externamente y vendidos internamente) obtenidas por las empresas privadas encargadas de su adquisición.
Pese a esos resultados, después de la contrarreforma histórica energética, Emilio Lozoya, director general de Pemex, vuelve a hacer cuentas alegres. Espera que durante la próxima década las inversiones privadas en el sector petrolero asciendan a unos 76 mil millones de dólares. De esa cantidad, empero, ya existen 44 mil millones de dólares, en forma de contratos de servicios integrales privados y de obra pública financiada. Los restantes 32 mil millones de dólares (3.2 mil millones de dólares en promedio anual) se integrarán con los contratos de “asociación estratégica”, parte de los cuales servirán para la perforación de pozos petroleros en las aguas profundas del Golfo de México, en “una reserva prospectiva” (10 por ciento de posibilidad de explotarse).
Desde luego la danza de números de las inversiones privadas esperadas es mayor a lo señalado. Como con lacontrarreforma Pemex se quedará con los campos petroleros y gasíferos clasificados como “reservas probadas”, el 83 por ciento de las “reservas probables” y el 21 por ciento de las “reservas posibles”, según Lozoya, se espera una mayor inversión del capital foráneo en los espacios que le serán despojados a la exparaestatal (además, hay que considerar que las marcas de las firmas privadas se verán en otras esferas de la cadena productiva: producción, importación y distribución de petrolíferos, petroquímicos básicos y petroquímicos).
Con las asignaciones de las zonas de explotación, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, señaló que se espera una inversión total de 50 mil millones de pesos para el periodo 2015-2018, los cuales se obtendrían con los contratos de asociación que realice Pemex y los nuevos campos que explorará y explotará.
Eso dicen Lozoya y Codwell.
Pero la senadora perredista Dolores Padierna señala que, en realidad, a Pemex se le despojará de casi la mitad de las reservas totales y que serán entregadas a los empresarios.
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