Era de madrugada. Juan Gerardo Sánchez dormía en su cama cuando unos policías vestidos de civil irrumpieron en la casa. Lo detuvieron, tenía 19 años. Junto a otros siete hombres pasó 30 horas incomunicado.Les vendaron los ojos, les dieron palizas, los amenazaron, les aplicaron descargas eléctricas, les pusieron bolsas de plástico en la cabeza y les sumergieron la cabeza en el agua hasta casi la asfixia, para obligarles a confesar que habían robado unas armas pertenecientes a la policía municipal.
Juan Gerardo fue uno de los ocho hombres que la policía del Estado de México detuvo el 28 de julio de 2013 en diferentes partes de San Martín Malinalco, acusados de robo y delitos relacionados con posesión de drogas y armas. Tardaron 30 horas a presentarlos a la Procuraduría General de Justicia.
Sus confesiones forzadas se utilizaron como prueba para procesarlos, a pesar de que se retractaron cuando comparecieron ante el juez y denunciaron las torturas. El Ministerio Público no investigó las denuncias y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de México aún no ha emitido un informe.
El parte policial asegura que los agentes patrullaban una zona rural y detuvieron a un grupo de hombres que portaban armas y drogas. Este parte fue la prueba con la que los procesaron. Ni los fiscales ni los jueces han tenido en cuenta los testigos y las pruebas que presentaron los procesados para defenderse. Su denuncia no ha progresado.
Es solo uno de los casos que recoge el informe Fuera de Control, Tortura y Otros Malos tratos en México que hoy presenta la organización Amnistía Internacional (AI) quién denuncia el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo. Cuando se redactó el informe, Juan Gerardo Sánchez y otro de los detenidos estaban en libertad condicional por cargos menores relacionados con la mariguana. Cinco detenidos más fueron declarados culpables en casos federales de posesión de armas, basándose en la declaración policial y en sus confesiones forzadas. Se ha presentado una apelación.
En 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 3 mil 842 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por instituciones federales de seguridad pública –el ejército, la marina, la PGR, la policía federal y el personal penitenciario federal–, en relación con detenciones arbitrarias, malos tratos, allanamientos ilegales, intimidación y uso ilegal de la fuerza. Sólo emitió 35 recomendaciones contra las autoridades implicadas en estos abusos. De las 3 mil 842, mil 505 fueron por tortura y desembocaron en 11 de las 35 recomendaciones citadas. Es decir, menos del 1% de las denuncias ante la autoridad autónoma encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el país, ocasionaron un informe público que documenta los abusos y recomienda medidas concretas.
Las víctimas, persiste la impunidad
Como Juan Gerardo Sánchez, la mayoría de las víctimas de los casos que ha documentado Amnistía Internacional son hombres de comunidades marginadas y otros grupos vulnerables, como los migrantes en situación irregular. En las semanas pasadas se conoció el caso de Ángel Amílcar Colón, hondureño detenido en Tijuana cuando intentaba cruzar la frontera a los Estados Unidos y que confesó, bajo tortura, formar parte del crimen organizado.
Aunque las mujeres son menos, también son blanco de tortura y son más vulnerables ante las agresiones sexuales como método de tortura. El Estado mexicano enfrenta un juicio ante la Corte Interamericana por tortura sexual a 11 mujeres detenidas en una manifestación en San Salvador Atenco en 2006. El informe, además, también señala casos de litigantes de víctimas de tortura que han sufrido ataques y represalias por ello.
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