Alma Delia Olivares fue detenida el viernes 28 de febrero y trasladada mil cincuenta kilómetros hasta el penal femenil de mediana seguridad de Tepic, Nayarit, el mismo donde cumple condena la narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, más conocida como La Reina del Pacífico. Olivares era locutora de la radio La Cabina, en el municipio de Omealca, Veracruz, que operaba sin permiso.
La emisora fue cerrada como consecuencia de un procedimiento administrativo contemplado en Ley Federal de Radio y Televisión y Alma Delia fue consignada inicialmente por el delito de “contaminación auditiva”, inexistente en la legislación mexicana, que posteriormente se reclasificó como “uso indebido de un bien de la nación”. Olivares pasó 5 días encarcelada hasta que su familia pagó la fianza de 25 mil pesos para que siga el proceso en libertad. La consignación de Alma Delia Olivares se suma a la de Salvador Medina y Leslie Saavedra, ambos comunicadores de Tonalá, Oaxaca a quiénes también se les iniciaron procesos penales por operar una radio comunitaria sin permiso.
Estos tres comunicadores judicializados se suman a la sentencia emitida este año contra Paola Ochoa, fundadora de la Radio Diversidad en Paso del Macho, Veracruz. Dos años de prisión que con los beneficios por ser primodelincuente y pagar una fianza puede cumplir en libertad bajo caución. Su marido, Juan José Hernández, acabará el mismo proceso el mes que viene.
El espectro radioeléctrico es un bien público y la ocupación de sus ondas se equipara en la ley mexicana a un robo de combustible de los ductos de Pemex.
La pareja construyó una pequeña cabina en el predio de su casa y consiguió un transmisor de pocos watts suficiente para que se escuchara en el municipio. En 2008 empezaron a emitir en el municipio y cuatro comunidades a la redonda, que hasta ese momento no tenían ninguna emisora local. Las mujeres tenían su programa, el mismo alcalde también tenía uno y pronto, de poner música y pasar saludos, empezó a ser un medio para expresar la disconformidad con las problemáticas locales.
No sabían cuáles eran los requisitos legales para obtener un permiso, así que escribieron una carta al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, explicándoles su caso y pidiendo que les explicaran cómo podían hacer. No hubo respuesta, pero al año de emisión sí llegó un operativo federal para decomisarla. Su delito, el “uso indebido de un bien de la nación”.
“Nos trataron como criminales, entraron en la casa armados y encapuchados, decomisaron el transmisor, la computadora y nuestros dos micrófonos y hasta un cargador de celular, y se llevaron a mi marido preso. Yo y mi cuñada íbamos en calidad de testigo”, cuenta ahora Ochoa.
Hernández pasó una semana en un penal federal en Perote, Veracruz y después de un proceso largo fue condenado en 2012 a dos años de cárcel. Sin embargo al no tener antecedentes penales y ser un delito no grave puede salir en libertad bajo fianza. A Juan José Hernández solo le falta un mes para terminar la condena, durante la cual ha perdido sus derechos civiles y políticos y debe reportarse todos los meses.
En el proceso de Juan José, su esposa Paola, pasó de testigo a imputada y le giraron orden de aprehensión. Paola se escondió durante año y medio hasta que la familia reunió el dinero para presentar un amparo, pero le ratificaron la sentencia. Al igual que su marido no tuvo que cumplir la sentencia en prisión, pero va cada 15 días a firmar ante el Ministerio Público de Córdoba, cuyo pasaje de ida vuelta cuesta cien pesos, y cada mes debe mandar unos documentos a la capital mexicana, por otros cincuenta pesos.
Paso del Macho no ha vuelto a tener otra radio ni comunitaria ni comercial. El proceso judicial desalentó cualquier voluntad de levantar una radio sin permiso. La persecución gubernamental contra las radios que operan sin permiso se endureció a partir de 2008 según la Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC).
“El Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR), han enviado operativos a cargo de la Policía Federal con más de 100 elementos a cerrar radios, algunas menores de 5 watts de potencia donde había apenas 5 personas, entre mujeres y niños. Estos hechos constituyen la utilización excesiva de la fuerza pública” relata la sede mexicana de AMARC en un informe de 2012.
Además de los cuatro judicializados en lo que va de este año y el esposo de Paola, Juan José Hernández, sentenciado desde el 2012, Héctor Camero, en Monterrey, que sigue todavía cumpliendo sentencia por un proceso iniciado en 2008 a raíz del operativo por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva, para desmantelar la radio Tierra y Libertad.
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