Cecilia ingresó a un centro de internamiento a los 17 años para cumplir una sentencia de nueve años por homicidio calificado. En Tijuana, aun siendo adolescente, un grupo criminal la adiestró “en la guerra en contra de los guachos (soldados)”. Fue entrenada para ser sicaria. Por la vida de una persona le ofrecieron 200 mil pesos. “Los acepté; lo maté con una daga”, relata.
Fue detenida por elementos del Quinto Batallón del Ejército después de un operativo que incluyó cerrar las carreteras porque sus habilidades le permitían escabullirse con facilidad. Actualmente tiene 20 años y con la misma seguridad que confiesa su crimen, reconoce un vínculo familiar inquebrantable. “Si sigo siendo un ser humano es por mi mamá y si tengo algo bueno en mí, es por ella”.
Incluso, le gustaría ser como esos a los que alguna vez combatió. Su sueño es ingresar al Ejército y estudiar Ingeniería para llegar a ser “General de tres estrellas”. Desde niña supo que no repetiría el destino de la mayoría de mujeres en su pueblo: ser casada a la fuerza y cambiar los golpes de su padre por los de su marido.
Este es uno de los testimonios recogidos por Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en el estudio La reinserción socio familiar de los adolescentes en conflicto con la ley. De la situación actual hacia una propuesta de intervención, publicado en agosto pasado.
En él se destaca que en México, 11 mil 559 adolescentes en todo el país fueron objeto de diversas medidas por haber cometido infracciones a las leyes penales. De ellos, 4 mil 959 fueron privados de su libertad por considerar que cometieron delitos graves. Del total, 93% fueron hombres y 7% mujeres.
La semana pasada, como parte del Seminario sobre violencia en México realizado en el Colegio de México, Azaola dictó la conferencia “Fábrica de sicarios” para explicar los hallazgos de su estudio donde realizó entrevistas y encuestas a 278 menores de entre 14 y 18 años de edad recluidos en Centros para adolescentes en conflicto con la ley ubicados en Morelos, Hidalgo, Coahuila y Sinaloa.
El título de la conferencia es demoledor. La primera pregunta que surge es ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que niños y adolescentes delincan? La explicación es multifactorial, pero con una coincidencia: las omisiones. “Tiene que ver con carencias importantes en su formación familiar, económica y sin un Estado que tampoco respondiera de manera apropiada”. El resultado del abandono hacia la niñez y adolescencia de este país “hoy en día saltan de esa manera”, dice la investigadora en entrevista con Animal Político.
Así impacta el crimen en la vida de niños y jóvenes
Los casos “más severos y preocupantes” son los de los adolescentes captados por grupos de la delincuencia organizada, pues han vivido experiencias que trastocaron su vida de manera radical, explica el estudio.
El crimen organizado necesita de personas para hacer funcionar su negocio. Los puestos más bajos de la estructura son ocupados por jóvenes de las colonias y barrios donde operan y son también los más expuestos a ser detenidos o asesinados.
De los 278 entrevistados, 10% fue acusado de delitos contra la salud y 10% por delincuencia organizada; 9% utilizó armas de alto poder para delinquir.
La presencia del crimen organizado en el país tiene un impacto en la vida cotidiana, por lo que niños, niñas y adolescentes están más propensos a cometer delitos. Los grupos “saben cómo buscar, como captar y seducir” a los menores en situación de calle o vulnerablesque carecen de atención familiar u oportunidades escolares y económicas, explica la investigadora Azaola.
“Están más propensos porque el crimen organizado no va a tocar a tu puerta y sacar a los niños de tu casa, pero sí va a saber qué niños no cuentan con esa protección por parte de su entorno y son más susceptibles e influenciables a caer”, comenta la investigadora.
En las entrevistas, los adolescentes que participaron en el estudio relataron así su participación con el crimen organizado:
“A los 15 años me uní a trabajar a la delincuencia organizada. Recibí entrenamiento en McAllen, Texas, mi jefe es un norteamericano que vive en Virginia. Yo era el encargado de controlar a los sicarios y los halcones”
Una chica de 16 años dice: “me detuvieron porque yo reportaba lo que sucedía en las colonias. Yo era halcón, tenía que reportar lo que pasaba en las colonias. Llamaba por teléfono y les decía si pasaba la policía o cómo estaba el movimiento”.
“Yo hacía cualquier trabajo, ya fuera robar, matar o transportar droga… cualquier cosa con tal de ganar dinero”.
El contacto con la procuración de justicia
La relación de los jóvenes con las instituciones de procuración de justicia y los funcionarios de primer contacto están distorsionadas, pues ellos también forman parte del crimen, la corrupción y abuso de poder. Uno de los hallazgos del estudio es que de los jóvenes detenidos, 14 por ciento delinquió con la participación de algún adulto integrante alguna corporación policial o miembro del Ejército.
La otra situación de contacto directo con las autoridades es el momento de la detención. Tres cuartas partes de los adolescentes reportan haber sido golpeados por la policía al momento de su detención y, en más de la mitad de los casos, no se les informara de sus derechos ni del derecho a ser asistidos por un abogado.
“Si el dato es grave en sí mismo, más grave aún nos pareció la reacción de prácticamente todos los adolescentes quienes consideraban los golpes como la conducta normal que cabría esperar por parte de la policía”, argumenta el estudio.
Fuente: Animalpolítico.com
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