MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Académicos, escritores, activistas y líderes sociales reprobaron el operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) en la casa hogar michoacana “La Gran Familia”.
“La humillación escandalosa de una gran trabajadora social es inmerecida y atenta contra sus derechos más elementales. El linchamiento arroja una mancha de oprobio sobre una vida de servicio”, criticaron en una carta pública.
Entre los firmantes se encuentran: Roger Bartra, Lydia Cacho, Miguel Carbonell, Lázaro Cárdenas, Christopher Domínguez, Malva Flores, Fernando García Ramírez, Enrique Krauze, Jean Marie Le Clezio, Andrés Lira, Jean Meyer, Verónica Murguía, Margarita de Orellana, Cristina Pacheco, Elena Poniatowska, Alberto Ruy Sánchez, Guillermo Sheridan, Javier Sicilia, Guillermo Soberón, Isabel Turrent, José Woldenberg, Gabriel Zaid, Fausto Zerón-Medina, Juan Villoro y Hugo Hiriart.
Desde la noche del martes pasado un equipo pericial de la PGR inspecciona el terreno del albergue en busca de alguna fosa clandestina ante la sospecha de restos sepultados de niños que fueron maltratados, violados o producto de un aborto. El gobierno federal sostiene que menores de edad han sufrido abuso físico, psicológico y sexual en la mencionada casa hogar.
En respuesta al operativo, los firmantes de la carta pública escribieron:
“Durante 66 años, Rosa Verduzco ha dedicado su vida a recoger, atender y educar niños abandonados para insertarlos en la sociedad, dándoles internado, educación básica, enseñanza de oficios y hasta una licenciatura en música. Han sido más de siete mil, muchos de los cuales ahora son adultos, padres o abuelos que pueden dar testimonio del trato que recibieron.
“No es imposible que en ‘La Gran Familia’ haya habido irregularidades. Si las hubo, las autoridades deben investigarlas y sancionarlas.
“Pero el operativo policíaco y mediático desplegado contra Rosa Verduzco es inexplicable. ¿Esperaban encontrar resistencia armada? ¿No pudieron citarla para averiguar los hechos? Las autoridades recurrieron a la fuerza pública y presentaron cargos ante la prensa y la televisión antes de presentarlos ante el poder judicial. La humillación escandalosa de una gran trabajadora social es inmerecida y atenta contra sus derechos más elementales. El linchamiento arroja una mancha de oprobio sobre una vida de servicio.
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