(21 de julio, 2014).- Se trata de un “nuevo genocidio a la vista de todos, si nos hacen esto a nosotros, un pueblo organizado, un pueblo reconocido por su larga lucha se lo van a hacer a cualquiera, tal como lo están intentando con las reformas últimas (Energética, Telecomunicaciones, Agraria, Aguas etcétera), que se están dando”, afirma Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, pueblo indígena reconocido constitucionalmente en 1940, al que el entonces presidente Lázaro Cárdenas otorgó, por decreto, el 50 por ciento del agua del caudal del Río Yaqui, en el estado de Sonora.
Sin embargo, “los derechos de agua los vende el gobierno de Sonora a particulares sin consultar a la Tribu Yaqui y sin tomar en cuenta la afectación”, explica Luna. La Tribu Yaqui se asienta a lo largo del río, y uno de los problemas que enfrenta este pueblo originario es precisamente la falta de abastecimiento de agua para la vivienda y la agricultura.
En 2010 el gobierno de Sonora impulsó la licitación y la concesión para la construcción del “Acueducto Independencia”, de 172 kilómetros de longitud, con el que se pretenden entubar más de 60 millones de metros cúbicos de agua anuales desde la presa Plutarco Elías Calles, “El Novillo”, hasta la Cuenca del Río Sonora, en la ciudad de Hermosillo. En ese mismo año, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) evaluó la Manifestación de Impacto Ambiental y al año siguiente otorgó la autorización del mega proyecto hidráulico.
“Es importante aclarar que la mayor parte de la defensa que hemos ejercido es en el ejercicio de nuestro derecho como pueblo indígena, basado en el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en la Declaración sobre los derechos humanos para los pueblos indígenas, en los artículos constitucionales que amparan los derechos de los pueblos, sin embargo, esto ha caído una y otra vez en alterar los avances que hemos dado en el ejercicio del Derecho”, enfatiza Mario Luna.
La Tribu Yaqui presentó en 2011 un amparo en contra de la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) señalando a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) como responsables. En 2012 el Juez Cuarto de Sinaloa resolvió a favor de la Tribu, pero la Semarnat reviró la sentencia por lo que el caso fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En mayo de 2013 la SCJN ratificó la sentencia de amparo (631/2012) y en el mes de agosto emitió una aclaración a la misma, en la que ordenó que la AIA –emitida por la Profepa y a DGIRA dependientes de la Semarnat– debía quedar insubsistente y se debía consultar a la población.
Pese a que se reconocen la violación de los derechos constitucionales y humanos de la Tribu Yaqui, las autoridades de la entidad no han acatado la sentencia y la extracción del agua de la presa “El Novillo” continúa, sin consulta y sin una nueva Autorización de Impacto Ambiental lo que arriesga la subsistencia de millones de habitantes.
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