El año que termina está marcado por el retroceso en materia de derechos humanos y libertades individuales, coincidieron organizaciones civiles. Los “excesos del Estado” en los crímenes de Tlatlaya y de Ayotzinapa, aunado al endurecimiento de la represión contra todo aquel que protesta y exige justicia, hicieron que este año las instituciones mostraran su peor rostro, lo que deja “mal sabor de boca” en los activistas y escasas esperanzas de un cambio para 2015.
“Este año se define por una crisis en derechos humanos. Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa evidenciaron que en México no se estaba tomando en serio el tema. Para nosotros el 2014 se caracteriza por el quiebre de la imagen del gobierno federal, que se había construido años atrás”, dijo Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Aguirre explicó que en 2012 y 2013 se presentaron casos graves en la materia, pero el gobierno federal pudo sortear y construirse una imagen a nivel internacional de progreso, sobre todo por las reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto. Pero los casos graves de impunidad y extrema violencia en contra de los ciudadanos evidenciaron una profunda crisis y derribó la “máscara” de un gobierno que trataba de ocultar a sus muertos y desaparecidos, expuso Santiago.
“Se aprobó una Ley de Víctimas y se sentaron algunos pasos para crear la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, pero lo real es que estas medidas resultaban limitadas frente a la profunda crisis de desaparecidos que no era aquilatada por el gobierno federal”, planteó el activista.
En este año que se va, la tragedia de Iguala y las fosas que no dejan de aparecer con restos humanos son evidencia, según los defensores de derechos humanos consultados, que los desaparecidos no eran buscados. Santiago Aguirre explicó que existe preocupación por tres puntos: “El primero, que la desaparición no tiene atención integral en el decálogo anunciado por el Presidente, sigue siendo una tarea pendiente. Dos, 2014 se caracterizó también por una endurecimiento frente a las expresiones de protesta social. Tres, en 2015 será el primer año de implementación de la Reforma Energética y un esquema que no respeta el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y campesinos”.
El defensor adelantó que se multiplicarán los casos de saqueo como el de la Tribu Yaqui en Sonora. Rodolfo Domínguez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, y colaborador del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, coincidió con Aguirre y dijo que hay preocupación por 2015. “El 2014 es un retroceso terrible. Muchos logros que habíamos tenido como sociedad, derechos que habíamos alcanzado se vinieron a diluir, como la protesta social.
La desaparición de personas es un infierno en este país, hay incertidumbre y no existe un mecanismo que garantice la seguridad de las personas. No hay forma de no decirlo: ha sido un año de tristeza. Uno se va con un corazón desolado y con la angustia de que 2015, no pinta mejor”, expuso. Para la organización Greenpeace, el 2014 fue un año más de una política de la administración de Enrique Peña Nieto marcada por violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los mexicanos, acompañada de impunidad, corrupción y una estrategia de represión contra el movimiento social organizado. “Pese a que Enrique Peña Nieto afirmó tener el compromiso de cumplir con las modificaciones constitucionales, realizadas en 2010, que fortalecerían los derechos Humanos en México, la realidad ha sido otra. Desde su primer día de gobierno se coartó el derecho a la protesta y la libertad de expresión, configurando un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas: represión desproporcionada de los manifestantes”, expuso la organización a través de un comunicado.
Greenpeace recordó que en agosto de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que 22 mil 322 personas se encontraban en estatus de “no localizadas”, de las cuales 9 mil 790 fueron reportadas en el gobierno actual. “En cifras reales, el gobierno de Peña ha tenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, como una práctica habitual para obtener información y confesiones bajo coacción”, agregó.
Tomado de sinembargo.mx
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