Además de que el Estado mexicano no quiere regular el uso de la fuerza, pone más esfuerzo por controlar a los ciudadanos que en tener control en sus policías, señaló el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza.
“Hay más esfuerzos del Estado mexicano por controlar a los ciudadanos a través de controlar las manifestaciones, que por controlar a las policías a través de leyes de uso de la fuerza”, dijo en entrevista para Noticias MVS primera emisión, en la que contó parte de lo sucedido en la primera audiencia de representantes del gobierno mexicano ante la CIDH, en Washington.
“Se habló por ejemplo, de la Fiscalía de la Pasado y cómo está pendiente todo el tema de los desaparecidos de la llamada Guerra Sucia; se habló de violaciones graves a los derechos humanos y los temas de impunidad, casos como las mujeres de Juárez, casos como los de Baja California, algunos otros; se habló de criminalización de la protesta, casos del Distrito Federal donde se han agredido incluso a defensores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o periodistas; en Puebla, lo que sucedió con la pérdida de vida de este joven, un niño de 13 años, y las limitaciones a las movilizaciones que se han hecho por una ley, o también en Quintana Roo, y también se habló del impacto de los temas en materia de la afectación al patrimonio biocultural de México por producto de los monocultivos como todo este tipo de temáticas”, abundó.
Expuso que en dicha reunión, surgió con mucha fuerza la voz de la sociedad civil; el momento que más cimbró fue cuando se pusieron de pie, “en un silencio que partía el ambiente, con letreros hacían saber su posición”, comentó en referencia a la protesta por los 43 estudiantes de Ayotzinapa que continúan desaparecidos.
Álvarez Icaza reconoció hechos dolorosos en el país, como lo sucedido en Iguala, pero también apuntó la masacre en Tlatlaya y lo ocurrido en Puebla, donde un niño perdió la vida por un proyectil de la policía.
“El tema tiene que ver justamente en cómo lograr que los procesos que tienen que ver con diseño del leyes o de gestión pública, enfrente esta herencia, o esta inercia, o estas prácticas tan dolorosas y que tanto desgarran el tejido social de nuestro país, que lo han llevado ya a un contexto de crisis de derechos humanos. Así se está viendo en el ámbito internacional”, indicó.
“Creo que no solamente en el ámbito internacional es visto así, me parece que en el ámbito nacional todos los focos rojos están prendidos en el tablero, porque lo que sucedió, y esa fue parte de mi presentación ayer, es que lo que sucede con estos casos, vincula con lo que sucedía en el sexenio anterior”, refirió.
“Habrá mucha indignación, habrá mucho dolor, pero tal vez no sorpresa. Ya se habían dado antecedentes de miles de desaparecidos, ya se había puesto en evidencia esa incapacidad para buscar a las personas, de manera que el reclamo de que esto sirva como un quiebre para que México despliegue la capacidad institucional, para evitar la desaparición forzada de personas, creo que surge con toda la fuerza en un reclamo de justicia y contra la impunidad“, consideró.
En 2011 -retrotrajo- policías estatales y federales dispararon contra estudiantes de Ayotzinapa. Todo esto en un contexto donde “no se regula el uso de la fuerza”.
Se debe “de poner un hasta aquí en este tipo de fenómenos que lleve de manera también muy principal a poner la lupa en los gobiernos estatales, porque ahí hay un enorme corresponsabilidad”, señaló.
“Una parte significativa de los atrasos pasa por los gobiernos estatales, las procuradurías locales, las policías municipales, y no veo honestamente que eso se esté atendiendo en la medida del agravio que pierde la población mexicana cuando servidores públicos locales cometen delitos como los que se han vivido en Iguala”, añadió. que sí hay que reforzar todas las capacidades y estrategias que está desarrollando el gobierno mexicano. Por supuesto se nos ha informado de los esfuerzos que están desplegando, no son pocos, y las detenciones que han hecho, las averiguaciones que han hecho, la cantidad de efectivos puestos, los peritos puestos, hay un ejercicio importante”, precisó.
El caso Iguala-Ayotzinapa es un momento de prueba para la capacidad del Estado;“mientras más tiempo pasa es más grave”, dijo.
Por lo pronto la respuesta está en el aire: ¿dónde están los jóvenes?
Este fin de semana, la CIDH afinará la propuesta de asistencia técnica que dará al Estado mexicano en estos momentos.
Fuente: Aristeguinoticias.com
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