Para los decretos, el gobierno federal contó con la asesoría de la organización de conservación ambiental WWF
La firma del decreto ocurrió 12 días antes del partido entre las selecciones de México y Alemania, no durante este evento
Luego de que se diera a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, la plataforma Verificado se dio a la tarea de conocer las posturas al respecto de especialistas, organizaciones y del gobierno federal.
Contrario a lo que circula en redes sociales, la firma del decreto ocurrió 12 días antes del partido entre las selecciones de México y Alemania en el Mundial de Rusia 2018 y no mientras se realizaba el encuentro.
De hecho, fue esta noticia falsa la que revivió el debate sobre la presunta privatización del agua, pues mientras algunas voces aseguraron que se trataba de una medida que propiciaría la concesión del agua, otras, como la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua argumentaron lo contrario.
De acuerdo con los decretos firmados por Peña Nieto, quedaron eliminadas las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas, mismas que equivalen al 55 por ciento de lagos y ríos de México, lo que también significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en las mismas.
Además, quedaron establecidas “zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”, que se traduce en que ahora se puede aprovechar dicho recurso natural.
#AguasConLaPrivatización Ley Pichardo quiere privatizar el agua
El porcentaje de agua que puede ser utilizado en cada una de las cuencas quedó establecido en cada decreto mediante el título de concesión.
Para dichas concesiones, el gobierno federal contó con la asesoría de la organización de conservación ambiental WWF, la cual también les ayudó conocer la manera con la que podrá mantener agua suficiente para la población durante los próximos 50 años.
Con la firma de los decretos, México tomó una “decisión histórica con la cual protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas, 82 Áreas Naturales Protegidas y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar”, asegura WWF en su portal.
Por otra parte, la Ley de aguas nacionales faculta al presidente para tomar decisiones como la eliminación de la veda de las cuencas hidrológicas por decreto, lo que hace que estos sean completamente legales.
“No es una decisión ilegal. Es arbitraria en un sentido simbólico de que no preguntó, no consultó a nadie y tomó una decisión muy significativa sobre un bien fundamental sobre la vida”, dijo para Verificado Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales de la UNAM.
“Lo que hicieron con el decreto fue transitar de un régimen jurídico de veda a otro de reserva, y eso te habilita como gobierno para dar concesiones en cuatro campos. Sigue siendo restrictivo, pero más abierto que la veda: uso personal y doméstico, producción de energía y la protección y conservación ambiental”, detalló el investigador.
Al respecto, la organización Agua para Tod@s plantea, a través de un análisis, la posibilidad de privatización que se abriría tras la firma de los decretos.
“Estos decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbano”, expresó.
La organización subrayó que serán las empresas trasnacionales las que se verán directamente beneficiadas con la eliminación de las vedas, pues “requieren de concesiones con seguridad jurídica”.
Otro punto importante sobre el que enfatizó Agua para Tod@s plantea fue que aunque los decretos están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica.
Destacó que, en relación cpm la vigencia de 50 años de los decretos, cada estado podrán solicitar los volúmenes requeridos sentando así “las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de servicios de agua y saneamiento”.
Agregó que los decretos, además, desconocen los derechos de los pueblos indígenas, “empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios”.
#AguasConLaPrivatización Ley Pichardo quiere privatizar el agua
En tanto, la Secretaría del Medio Ambiente aseguró que el agua no se privatizará y que los decretos firmados “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”.
A través de un comunicado la dependencia federal argumentó que se trata de una medida que, sostuvo, ayudará al país a “preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin”.
“Estos decretos de reserva de agua en ningún momento son una medida de privatización, sino todo lo contrario, protegen el agua para los ecosistemas en porcentajes muy elevados. En segunda instancia, protegen el agua para la gente: lo que significan es la protección del agua como ese bien común”, indicó Eugenio Barrios, director del programa Agua.
“Esa es otra de las grandes aportaciones de las reservas de agua: nos están diciendo cuánta agua está disponible, cuánta es para el ambiente y cuánta es para la población. Estamos en posición de exigir transparencia en el uso del agua”, agregó Barrios.
La Conagua también aseveró que con esta política pública se busca que el agua no se desaproveche.
“Nuestro plan es que el escurrimiento del agua pueda correr a los ríos y así la corriente llegue a las zonas protegidas solo para el uso medioambiental”, explicó su titular Roberto Ramírez de la Parra.
Sobre una posible concesión del recurso natural, Ramírez de la Parra dijo que si bien los decretos permiten la liberación del uso del agua, la actual administración federal en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Conagua decidieron no concesionar el agua y destinarla solo al uso medioambiental.
“Si bien tuvimos que reformar la ley actual lo hicimos con la finalidad de reglamentar el derecho humano al agua y eliminar la veda para garantizar el suficiente abasto de agua para la población durante los próximos 50 años”, señaló.
Aseguró que en lo que resta de la administración no se otorgarán más concesiones para el uso del agua, pues su objetivo principal es preservarla.
“No es una privatización, pero sí habilitar el uso de agua para usos privados. Técnicamente sólo es un cambio de régimen. Sí va a contribuir para que actores privados puedan apropiarse de bienes que antes estaban en manos del gobierno”, explicó el investigador de la UNAM.
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